El parón estival no ha logrado calmar las agitadas aguas de la política española. En una nueva muestra del complejo estado de las relaciones entre el Gobierno y Junts tras la investidura de Salvador Illa, el partido de Carles Puigdemont anticipó este martes otro curso de alto voltaje al unir sus votos a PP y Vox para tratar de forzar, sin éxito, algunas de las comparecencias del presidente Pedro Sánchez y cuatro de sus ministros en el Congreso. Ninguna de las solicitudes registradas por los populares desde finales de julio sobre cuestiones calientes como la crisis migratoria, Venezuela o la financiación catalana (diez en total) salió adelante gracias al cierre de filas del resto de socios de investidura, que a excepción de Podemos, rechazaron en bloque las comparecencias. Pero Junts volvió a dar la espalda al Gobierno el mismo día en que el Gobierno anunciaba su intención de llevar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 a la Cámara baja antes de final de septiembre. Esas cuentas solo pueden ver la luz con el sí de la formación de Carles Puigdemont, que ya tumbó el mes pasado el techo de gasto, requisito previo para fijar la base de las cuentas públicas cada año.
Para escenificar la presión, los independentistas hicieron pública su postura nada más comenzar la reunión de la Diputación Permanente desde Cardedeu (Barcelona) a través de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. La diputada anunciaba que presentarían una solicitud propia para que Pedro Sánchez explicase el acuerdo sobre financiación con ERC para investir a Salvador Illa president y adelantaba el apoyo a la de la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, registrada por los populares. “El problema no es Cataluña, sino un Gobierno que no paga ni la mitad que tiene que pagar a Cataluña, en Madrid ha llegado a pagar el doble. Queremos saber cuál es la opinión de Sanchez y de Montero”, esgrimió ante los medios. “No formamos parte de ningún bloque español”, añadió la líder de Junts en Madrid, informa Camilo S. Baquero. La diputada Marta Madrenas fue igual de explícita en una de sus intervenciones en el debate del Congreso: “No somos socios de este Gobierno. Solo nos interpelan los catalanes”. La formación del expresident también votó a favor de que el ministro Óscar Puente diera explicaciones por los problemas en la red ferrroviaria y de que el jefe del Ejecutivo rindiera cuentas por la huida de Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando volvió a Barcelona para organizar un acto público antes de la investidura de Illa. “Tenemos un problema de democracia y de Tribunal Supremo y queremos que Sánchez comparezca para explicar qué está sucediendo”, justificó Madrenas.
Las votaciones de este martes, con el respaldo al Gobierno de ERC, EH Bildu y PNV, ejemplifican la fortaleza del resto de alianzas del bloque, pero la posición de Junts es clave para sumar la mayoría y, por tanto, para sacar adelante los Presupuestos y dar estabilidad a la legislatura en la que, por ahora, no se han aprobado unas nuevas cuentas del Estado. Aunque el Ejecutivo salvó por la mínima el martes la ofensiva de los populares en el Congreso, el curso comienza igual que terminó: con los de Puigdemont decantando el voto del lado de las derechas. Además de tumbar el techo de gasto de 2025, en el último pleno del período de sesiones, los secesionistas también frustraron junto a PP y Vox la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades.
El Congreso también rechazó las solicitudes que recaían sobre el titular de Exteriores, José Manuel Albares, por la postura del Gobierno en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio; la de la presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Concepción Cascajosa, y la del máximo responsable de Efe, el ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, por la cobertura de esos comicios. El PP no logró igualmente los 35 votos necesarios para sacar adelante la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ya había anunciado que acudiría a petición propia a comisión por los “errores” en la redacción de la ley de paridad que permiten despedir a empleados con adaptación de jornada. Ninguna de las iniciativas promovidas por el Partido Popular prosperó por la aritmética de la Diputación Permanente, donde Junts solo tiene un voto.
Un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, que terminaron con una cuestionada reelección de Nicolás Maduro y una lluvia de denuncias de fraude desde el país y el exterior, una multitud salió a las calles de Caracas y de otras ciudades para rechazar el fallo del Tribunal Supremo que confirmó el triunfo del jefe chavista para un nuevo mandato de seis años. Ante miles de personas, la líder opositora venezolana María Corina Machado volvió a protagonizar la protesta y aseguró que hará "ceder" al chavismo gobernante. "Dicen que el régimen no va a ceder, saben qué: lo vamos a hacer ceder y ceder significa respetar la voluntad expresada el 28 de julio", afirmó Machado durante una manifestación un mes después de las elecciones en las que asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia. "Esta protesta es indetenible", insistió.
Cientos de opositores venezolanos se concentraron desde la mañana en la capital de Venezuela para protestar contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida victoria anunciada por el ente electoral del presidente Maduro. "Hoy, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, los venezolanos nos unimos, dentro y fuera de nuestro país, y gritamos con brío. (...) Donde te encuentres, ¡cantemos juntos y con orgullo nuestro himno nacional!", expresó María Corina Machado poco antes de la marcha a través de X quien, además, compartió imágenes de manifestantes en Japón, Bélgica y otras partes del mundo.
Machado aparece en público por cuarta vez en Caracas tras las elecciones, desde cuando permanece resguardada por -como ella misma confirmó poco después- temer por su seguridad, tras las protestas poselectorales, que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, según las autoridades, en rechazo al resultado oficial de las elecciones. Entretanto, el chavismo convocó a sus simpatizantes, también para este miércoles, a celebrar el "primer mes de la gran victoria popular del 28 de julio" de Maduro, pese a que varios Gobiernos extranjeros han solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que publique las actas y así esclarecer el cuestionado resultado de las presidenciales.
